El Parlamento Europeo ha puesto en marcha una profunda reconfiguración de las reglas del juego para las flotas corporativas en todo el continente. Según un borrador legislativo interno filtrado por el diario económico Handelsblatt, los principales actores de Bruselas pretenden eliminar de forma progresiva todas las ventajas fiscales y financieras para los coches de empresa con motor de combustión (ICE) a partir de 2028.
La propuesta busca desviar la totalidad del músculo financiero público de los Estados miembros de la UE hacia un único objetivo: bonificar de forma exclusiva a los vehículos 100% eléctricos de batería (BEV) que cuenten con el sello "Fabricado en Europa" (Made in the UE).
Esta maniobra no es un hecho aislado, sino que se alinea con el ambicioso paquete de automoción impulsado por la Comisión Europea. Bruselas busca vincular de forma vinculante cualquier subsidio, deducción fiscal o incentivo financiero a que los componentes y el ensamblaje de los vehículos de cero emisiones se hayan ejecutado dentro del espacio comunitario, frenando la entrada de flotas masivas procedentes de mercados del Este.
Adicionalmente, el plan estratégico contempla dos fases legislativas críticas:
Como era de esperar, el borrador ha encendido las alarmas en las asociaciones de fabricantes tradicionales y plataformas del sector logístico. Los analistas de mercado apuntan a que, si bien la propuesta se encuentra en una fase temprana de negociación y podría suavizarse para alcanzar la mayoría cualificada exigida en el Consejo de la UE (donde se requiere el voto a favor de al menos 15 países que representen el 65% de la población europea), la dirección de las políticas comunitarias es irreversible. Las empresas deben anticiparse al endurecimiento fiscal antes de que sus flotas tradicionales queden penalizadas financieramente.
El borrador interno del Parlamento Europeo propone prohibir por ley a todos los Estados miembros la concesión de cualquier tipo de ventaja fiscal o financiera a los vehículos de empresa propulsados por combustibles fósiles (gasolina, diésel e híbridos convencionales) a partir del año 2028.
Significa que la Comisión Europea quiere condicionar las futuras ayudas y deducciones fiscales exclusivamente a los vehículos eléctricos de batería que hayan sido fabricados y ensamblados dentro de la Unión Europea, excluyendo de los beneficios públicos a los modelos importados de regiones terceras.
Sí, el paquete automotriz de la Unión Europea contempla la introducción de objetivos vinculantes a partir de 2030. Estos objetivos obligarán a las empresas de los diferentes Estados miembros a cumplir con unos porcentajes mínimos de matriculación de vehículos de cero emisiones en sus flotas corporativas.
El aviso de Bruselas es nítido: mantener vehículos de combustión en las flotas corporativas será un lastre financiero a muy corto plazo. Diseñar una estrategia de transición anticipada mediante contratos de renting flexible de vehículos eléctricos no solo blinda a la empresa ante el apagón fiscal de 2028, sino que optimiza el Coste Total de Propiedad (TCO) aprovechando las máximas deducciones actuales antes de la entrada en vigor de las cuotas obligatorias.
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