La Unión Europea y Estados Unidos quieren coordinar sus programas de incentivos destinados a la movilidad eléctrica. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se ha reunido con Joe Biden para negociar un acuerdo que, al menos sobre el papel, debería reducir la presión del Inflation Reduction Act sobre el viejo continente.
Entre otras cosas, la Unión Europea aspira a que los vehículos eléctricos fabricados dentro de sus fronteras puedan acceder a los créditos fiscales de Estados Unidos, que actualmente están restringidos a los modelos producidos en Norteamérica, una medida que ha sido aplaudida por las autoridades canadienses y mexicanas.
Aunque este movimiento buscaba proteger la industria estadounidense frente a China, ha perjudicado seriamente a Europa como efecto colateral. Y es que muchos fabricantes (tanto de baterías como de automóviles) ya han anunciado que centrarán sus inversiones en Norteamérica con el objetivo de beneficiarse de las cuantiosas subvenciones estatales, algo que pone en una situación comprometida a los socios europeos.
El acuerdo también aseguraría las cadenas de suministro para la producción de baterías en la Unión Europea, así como el acceso de las materias primas extraídas en nuestra región al mercado estadounidense.
«Hoy, Estados Unidos y la Comisión Europea han anunciado el lanzamiento del Clean Energy Incentives Dialogue para coordinar nuestros respectivos programas de incentivos para que se refuercen mutuamente. Estamos trabajando […] para que nuestros incentivos maximicen el despliegue de energía limpia y los empleos, y no generen ganancias inesperadas a intereses privados».
En paralelo, la Unión Europea también ha adaptado sus normas relativas a las ayudas estatales para simplificar el proceso de aprobación de aquellas subvenciones destinadas a sectores como el de las baterías o las renovables. Con este movimiento, las autoridades buscan responder al Inflation Reduction Act y proteger las inversiones locales.
Así, la enmienda da un mayor margen de maniobra a los Estados miembros a la hora de conceder fondos públicos, ya sea en forma subvenciones, préstamos o créditos fiscales. Además, en aquellos casos en los que exista un alto riesgo de deslocalización, se podrán compensar las ayudas ofrecidas por un gobierno no europeo para mantener la empresa en la Unión Europea. Esta modificación de la normativa es temporal y en un principio solo se aplicará hasta finales de 2025.